Luego de que la huelga de aduaneros chilenos paralizara el comercio exterior boliviano, el Presidente de la Asociación Latinoamericana de Logística (ALALOG), Juan Carlos Rodríguez Blanco, señaló que “para las  exportaciones bolivianas los puertos chilenos situados en el Pacífico se constituyen como la principal vía de salida para sus productos hacia los mercados de ultramar”. Alrededor de 2.2 millones de toneladas (tn) de carga boliviana al año transitan por territorio chileno, de las cuales 1.2 millones se mueven por modo carretero, a través de aproximadamente 50.000 camiones, y el restante por ferrovía. En términos de valores FOB exportados, significan 3.000 millones de dólares al año, proporcionalmente 9% del PIB boliviano.

Según Rodríguez Blanco, la carga boliviana de exportación y su cadena logística son totalmente vulnerables a los acontecimientos domésticos que se suscitan en puertos chilenos por instituciones públicas y privadas, como bloqueos o paros, que desde 2014 vienen afectando al comercio exterior de ese país.

Por cese de labores de la aduana chilena, se dejan de movilizar casi 6 mil tn/día de carga boliviana, equivalentes a 8 millones de dólares de exportación, de acuerdo a información proporcionada por CANEB (Cámara Nacional del Exportadores de Bolivia). Además, el sobrecosto promedio que tienen que cubrir los exportadores bolivianos por camión varado es de 200 a 300 dólares por día, dependiendo de la estacionalidad y contratos de transporte. Igualmente, el retraso de las unidades de transporte afecta la rotación y disponibilidad de camiones habilitados para tránsito internacional.

No obstante, el mayor riesgo al cual se expone la carga y los productos bolivianos que transitan por puertos chilenos está asociada al just in time y marca país, determinantes del consumo en el comercio mundial.

Según la CANEB los paros y bloqueos recurrentes en puertos chilenos incumplen las obligaciones adquiridas con Bolivia sobre el acceso soberano al océano Pacífico bajo el marco del Tratado de 1904; la Convención sobre Tráfico Comercial del 6 de agosto de 1912; la Convención sobre Libre Tránsito, del 16 de agosto de 1937, y la Declaración de Arica del 25 de enero de 1953. Los acuerdos descritos exigen a las autoridades chilenas a ofrecer soluciones y prever contingencias para que el libre tránsito y la facilitación del comercio prevalezcan tal como estipulan estrictamente los acuerdos convenidos.

Esta dependencia de la carga de exportación por puertos chilenos también obliga a las autoridades bolivianas a promover alternativas portuarias y el desarrollo de su logística hacia el Atlántico, haciendo uso eficiente del contingente de puerto ubicado a lo largo del Canal Tamengo, así como la anhelada construcción de Puerto Busch. Al mismo tiempo, Bolivia posee condiciones preferenciales para la construcción de infraestructuras portuarias y movimiento de su carga en los países y puertos que comparten la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Por último, Rodríguez Blanco enfatizó que “promover el desarrollo de infraestructura y la logística por el Atlántico se traduciría en soberanía y mayor competitividad, tan necesaria para el progreso de Bolivia”.